La educación popular - Camacho Roldán, Salvador (Revista Colombiana de Educación, 1995)
La ley de 30 de Mayo último, sobre Instrucción pública, cuyas disposiciones más notables reproducimos en seguida, tiene por objeto poner en actividad las facultades que, aunque no exclusivas, concede la Constitución al Gobierno nacional para fomentar la instrucción pública, y se debe a la iniciativa del señor Senador José Maria Villamizar Gallardo, hoy Magistrado de la Corte Suprema. El pensamiento cardinal de la ley es contribuir a la tarea de la educación pública, con el empleo de los medios siguientes: 1o. El sostenimiento de una Universidad Nacional en que se den enseñanzas superiores; 2o. El establecimiento de una o más escuelas normales, destinadas a la formación de institutores inteligentes para las escuelas públicas; 3o. La fundación de escuelas primarias que sirvan de modelo a las del mismo género que establezcan y que sostengan con sus rentas propias los estados y los distritos; 4o. La creación de escuelas especiales de agricultura y ganadería; 5o. La propagación de los mejores textos e introducción de útiles y aparatos de enseñanza no conocidos antes en el país. La ley no enumera otros objetos que su injerencia en materia de instrucción pública está iniciada, y que ocasiona también erogaciones al Gobierno nacional, como la fundación y conservación de bibliotecas, museos y conservatorios.